16 marzo 2016

Dónde están los abogados del Estado que han pasado al sector privado desde que llegó Rajoy

Al menos 40 abogados del Estado que en 2012 estaban en activo o en servicios especiales (en cargos políticos o en empresas y organismos públicos) se han ido al sector privado durante la última legislatura. eldiario.es ha investigado el censo de los Abogados del Estado, uno de los cuerpos de élite de la Administración Pública española que más activos ha perdido en los últimos años.

En la última legislatura, este cuerpo de funcionarios de élite ha aumentado su influencia política y económica al abrigo de importantes miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado desde enero de 1999, y con el trasvase al Gobierno de varios de los miembros de la promoción de 1996, conocida como ' La Gloriosa', de la que proceden el ex subsecretario de Presidencia Jaime Pérez Renovales (ya en el Santander) o el ex director de RTVE Leopoldo González-Echenique.


Los datos salen del análisis de la última relación de abogados del Estado publicada por el Ministerio de Justicia en marzo de 2012. Ese año se fueron al sector privado nueve funcionarios del cuerpo. En 2013, se marcharon otros once; en 2014, cinco; en 2015, catorce; y en lo que va de año, uno. El listado de Justicia reflejaba que, de los 657 abogados del Estado con plaza en 2012, poco más de la mitad (338) estaban en activo. Del resto, 252 (el 38%) estaban en excedencia voluntaria y 70, en servicios especiales. En total, casi uno de cada dos abogados del Estado se pasan "al lado oscuro", como ellos mismos coloquialmente aseguran.

De los 40 que desde 2012 han pasado de defender los intereses de la Administración en todo tipo de litigios a ponerse al servicio de empresas privadas, 25 estaban en servicio activo. Los otros quince, en servicios especiales, la situación de la propia Sáenz de Santamaría, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o el comisario europeo y exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. En el caso de los abogados en servicios especiales que están en empresas públicas (suelen ser secretarios del consejo de administración o directores del área jurídica), este es un paso intermedio hasta lo privado: ya no están en la Abogacía del Estado, pero siguen al servicio del sector público con un sueldo ligeramente superior.

El principal destino de los que han decidido dar el paso desde 2012 han sido los bufetes de abogados, con quince incorporaciones, aunque en tres casos ha sido para crear su propio bufete. Los grandes despachos CMS, Pérez Llorca y Ramón y Cajal han sido los más activos, con dos fichajes cada uno. A continuación figuran empresas del Ibex 35, índice que ocupa a uno de cada diez miembros de este cuerpo, con doce fichajes, e Iberdrola y ACS como empresas más activas (dos cada una); otro importante nicho son las grandes consultoras y auditoras. Una de ellas, E&Y, es la empresa que más abogados del Estado ha contratado desde 2012 (tres).

El mayor trasvase al sector privado desde 2012 se produjo el año pasado, con catorce salidas. De ellas, la mitad correspondió a abogados del Estado que estaban en servicio activo, como Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros (de director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria a la consultora Deloitte); Gloria Calvo (de abogada jefe en el Ministerio de Economía a Bankinter); Antonio Botella, nombrado consejero de ACS en abril de 2015, cuando todavía estaba en el Tribunal Supremo (se jubiló unos meses después); y Soledad Borrego (de Exteriores a directora de Regulación y Control del 'banco malo', que no es una empresa pública).

Un privilegiado

También está desde el año pasado en el ‘lado oscuro’ Ignacio Grangel, que pasó a servicios Especiales tras convertirse en asesor en el Ministerio de Industria y fichó por Red Eléctrica en septiembre pasado como vicesecretario. En su caso, no ha tenido que pedir la excedencia voluntaria, por la influencia del Estado en esa empresa del Ibex (su participación es del 20% pero tiene más derechos políticos que el resto de accionistas). Al seguir en servicios especiales, Grangel tiene sueldo de directivo del Ibex pero puede pedir el reingreso en el cuerpo en cualquier momento.

De entre las cinco bajas que hubo 2014 sólo había dos abogados del Estado en activo. Destaca el caso de Catalina Miñarro. Estando en la Audiencia Nacional fichó como consejera de Mapfre (en octubre de 2013) y se mantuvo en el cuerpo con una reducción de sueldo (lo que se conoce como nivel 24). Pero unos meses después Miñarro se convirtió también en consejera de la constructora ACS, que tiene abiertos un buen número de pleitos ante la Audiencia Nacional, y tuvo que pedir la excedencia.

En 2013 hubo doce salidas, de las que nueve eran abogados del Estado en activo. Entre ellos, María Guinot, que se marchó a la Sareb y ahora está en CMS; Iván Gayarre (al bufete Sagardoy), artífice del fallido ERE de Coca-Cola; e Isabela Pérez, fichada por la filial ibérica de la multinacional de los refrescos. Entre los que ese año estaban en servicios especiales y pasaron al sector privado, destaca el caso de Cristina Vidal, que fue directora del Servicio de lo Contencioso y Régimen Sancionador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, tras un breve paso por Barclays, fichó por el bufete Ramón y Cajal. Desde allí logró anular la sanción del regulador bursátil al banquero Jaime Botín, principal accionista de Bankinter, por ocultar en Suiza su participación en el banco.

En 2012 se fueron al sector privado nueve abogados del Estado, de los que ocho estaban en activo. Entre ellos, Maximino Linares, que era coordinador de Asuntos Tributarios en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y fichó por E&Y; el ex abogado general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, Joaquín de Fuentes Bardají (que estuvo en servicio activo sólo unos meses), y Manuel Rivero, ex subdirector de lo Contencioso en la Abogacía General.

Al Ibex se fueron en 2012 Iván Rosa, marido de Sáenz de Santamaría y miembro de 'La Gloriosa' (a Telefónica); Santiago Martínez-Lage, que estaba en la subdirección General de Asuntos de la UE y se fue a Iberia (meses después recaló en Inditex, donde es vicesecretario del consejo); Jesús Rodrigo, que estaba en la Audiencia Nacional y se marchó a Iberia (ahora está en JB Capital Markets, la sociedad de valores de Javier Botín, hermano de la presidenta del Santander) y Elena Otero-Novas, que pasó del Tribunal Supremo a la constructora Sacyr, donde es secretaria del consejo.

En estos años, una decena de abogados del Estado que estaban en servicio activo han pasado a Servicios Especiales y también ha habido alrededor de quince bajas de efectivos que se han jubilado o han fallecido. En sentido contrario, en torno a una decena de funcionarios han vuelto al cuerpo en estos poco más de tres años. El último, Federico Ramos, el ex subsecretario de Presidencia dimitido en enero tras el escándalo de la empresa pública Acuamed, que ha regresado al Tribunal Supremo.

Justicia prevé adjudicar después de Semana Santa 25 nuevas plazas que se sumarán a las 15 que se crearon el año pasado, las primeras desde 2011, que no van a ser suficientes para cubrir el vacío generado. La descapitalización que el continuo trasvase de efectivos a empresas privadas genera en este cuerpo de élite, que conoce al dedillo los entresijos jurídicos y debilidades de la Administración, es reconocida en su seno, aunque es una situación histórica desde su creación en 1881. Y ha habido épocas peores.

“En tiempos de bonanza económica, ha habido años de irse 20 compañeros a la excedencia”, señala un abogado del Estado en ejercicio que probó en el sector privado y volvió. “Antes, el perfil del que pedía la excedencia era el de que tenía entre cinco y ocho años de antigüedad; ahora, prefieren seguir y se van los que tienen a partir de 49-50 años y llevan toda la vida en la faceta contenciosa; hablamos de sueldos por encima de 250.000 euros al año”, resume este alto funcionario.
eldiario.es

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